Javier Treviño Cantú
Reunión con el consejo de Vertebra
28 de enero de 2010
Me da un gusto muy especial tener la oportunidad de asistir a esta reunión de Vertebra. Ante todo, hoy estoy aquí, para reafirmar el compromiso del Gobierno de Nuevo León, de fortalecer los canales de vinculación institucional con todas las organizaciones ciudadanas dedicadas a trabajar constructivamente para impulsar juntos el pleno desarrollo de nuestro Estado.
Tenemos claro que, para avanzar con la eficacia que se necesita, necesitamos trabajar unidos, junto con toda la sociedad, incluyendo por supuesto a organizaciones civiles como Vertebra.
Esta convicción se basa en el reconocimiento de los trascendentes cambios que hemos vivido en los últimos años.
Durante las últimas dos décadas se han generado profundas y aceleradas transformaciones, prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana.
Sin embargo, también debemos reconocer que, en muchos sentidos, la velocidad de estos cambios, ha sido notablemente mayor a la capacidad de comprensión, reacción y adaptación de los gobiernos democráticos tradicionales, que anteriormente se caracterizaban por centralizar el poder.
En México, desde los años ochenta, la crisis económica y fiscal, así como la exigencia social para fortalecer una democracia efectiva, fueron algunos de los detonadores que impulsaron un proceso de reforma del Estado que —como lo hemos visto estos días en las discusiones sobre la reforma política que se están llevando a cabo en el Congreso de la Unión— sigue vigente hasta la fecha.
Si bien esta gran Reforma del Estado todavía está inconclusa, también es un hecho que dio origen a cambios relevantes y positivos, como son la descentralización política y administrativa del país, y la democracia representativa.
Sin embargo, ahora tenemos que pasar a una nueva etapa.
Tenemos que construir una nueva etapa de desarrollo político y social, caracterizado sobre todo por la participación coordinada de todos nosotros.
No existe una práctica anterior que preceda esta nueva forma de hacer gobierno y de hacer política, por lo que tenemos que ir construyéndola juntos.
En este proceso, el objetivo que debemos plantearnos, es transformar la democracia representativa en una democracia participativa con un nuevo esquema que surja “de abajo hacia arriba y que enriquezca la descentralización política y administrativa.
A pesar de que en el pasado han existido numerosas iniciativas de participación ciudadana, por lo general éstas han respondido a demandas específicas. Por ello, cuando se resuelven o pierden visibilidad, las organizaciones desaparecen, o por lo menos disminuye su entusiasmo para seguir impulsándolas.
En este sentido, muy pocas se han institucionalizado, debido a que los procesos administrativos y los de toma de decisión han mantenido esquemas tradicionales, donde estas iniciativas no han encontrado acomodo.
Por lo tanto, los riesgos de una dispersión de esfuerzos en torno al bienestar social, pueden debilitar su impacto.
Por eso, lo que estamos haciendo en el Gobierno de Nuevo León, es tratar de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad.
Por un lado, estamos trabajando para que la definición sectorial de las políticas públicas, junto con la gestión segmentada y especializada de acciones, empiecen a reorientarse hacia procesos basados en una formulación integral y una gestión horizontal de las políticas públicas.
Específicamente estamos impulsando cambios para que, en lugar de la rigidez que caracterizaba a las políticas tradicionales, vayan ganado peso los planes transversales, definidos a partir de criterios territoriales (como serían barrios rezagados), temáticos (por ejemplo, exclusión social o zonas con alto grado delictivo), por rangos de edad (pequeña infancia, personas mayores, etc.) o de grupos poblacionales (personas discapacitadas, familias con un sólo padre o madre, etc.).
Con esto, el Gobierno de Nuevo León reconoce la brecha que ha existido en los últimos años, entre la retórica del discurso político, y la realidad de la participación ciudadana.
Por ello, quiero asegurarles que estamos trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que apoyen, vinculen y refuercen la participación ciudadana.
No obstante, por definición, esta tarea no puede ser completada, ni tener un carácter integral, o funcional, si no se hace en estrecha coordinación con la propia ciudadanía; con organizaciones no gubernamentales como Vertebra, y muchas otras asociaciones civiles; fundaciones del sector privado; e inclusive instituciones internacionales.
Así, la intención de este Gobierno, es convertirse en un eje articulador de la acción pública que:
1. Genere un ambiente propicio para el diálogo, y la generación de acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía que, a su vez, garanticen mayor responsabilidad de todos los actores que participan en el diseño y la implementación de las políticas públicas.
2. Aplique mecanismos objetivos de evaluación, para realizar con oportunidad los ajustes que sean necesarios.
3. Promueva la construcción de redes de política pública local para garantizar la corresponsabilidad.
4. Gestione los arreglos institucionales y jurídicos, para que los acuerdos alcanzados cuenten con un marco de certidumbre, confianza y continuidad.
5. Profesionalice cuadros de servidores públicos con capacidad para dar seguimiento a las políticas públicas que se definan con base en los acuerdos.
Estamos ante un proceso de aprendizaje gobierno-ciudadanía de gestión corresponsable de las políticas públicas, en el que es necesario el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como un elemento intrínseco al proceso político, al igual que la incorporación de nuevos roles y nuevos actores a la actividad política local.
Por ello, estamos convencidos que la participación social sólo podrá avanzar en la medida en que los distintos actores se muestren dispuestos y capacitados a adoptar los nuevos roles que este nuevo escenario exige.
No estamos sólo frente a un cambio meramente organizativo, instrumental, o formal; sino que estamos ante un cambio de carácter ético y cultural, que nos atañe a todos, y que habrá de dar frutos sólo a través de la participación activa y responsable de todos nosotros.
Para ilustrar este trabajo al que he hecho mención de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad, quisiera tomar como ejemplo un reto que nos preocupa, y nos debe ocupar a todos, y que es el problema de la inseguridad.
El problema de la inseguridad es un problema complejo e integral, que por lo tanto requiere una solución igualmente integral.
A diferencia del modelo tradicional que intenta atender el problema solamente bajo un esquema de fuerza pública, el enfoque que estamos planteando en Nuevo León toma como elemento central reconstruir la confianza y la cohesión social.
En este plan, además de las acciones que se requieren de reestructuración e integración de mandos, de reestructuración, dignificación y profesionalización de la fuerza pública, y de reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal, incorporamos un elemento que es fundamental y que plantea un área en particular en donde organizaciones como Vertebra y el Gobierno no solamente podemos, sino que debemos trabajar juntos.
Este elemento es el de la participación ciudadana.
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